La Ley 27.348 fue sancionada en febrero de 2017 con un claro espíritu de disminuir la litigiosidad laboral en nuestro país y su impacto en los costos empresariales. El procedimiento clave para ello fue la obligación de acudir a las comisiones médicas jurisdiccionales antes de iniciar acciones judiciales por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Para las aseguradoras de riesgos de trabajo, esto significó una rápida detección de fraudes y una disminución en la carga administrativa de su actividad. Para las empresas, hubo un traslado favorable en la baja de la alícuota promedio del sistema, que bajó un 14,5%, representando importante ahorro global.

Con una adhesión dispar según las provincias, la ley se propuso reducir la litigiosidad laboral y facilitar la atención a los trabajadores. Los primeros balances del funcionamiento de la ley son muy positivos, de acuerdo a lo informado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Las cifras son muy elocuentes: la litigiosidad y las alícuotas no paran de descender, y el nivel de alcance asciende, según la adhesión de las provincias.

Este último dato es la clave para entender los límites que la Ley 27.348 tiene en la actualidad: al ser de carácter nacional, cada provincia, individualmente, debe adherir y reglamentarla para que entre en vigencia en su territorio. Existen en la actualidad provincias que no han adherido ni han manifestado voluntad de hacerlo, limitando de este modo el alcance jurisdiccional de la nueva legislación.

Seguiremos actualizando esta información de acuerdo a los informes y balances que surjan de la SRT.

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